COLABORACIONES

Las mujeres migrantes en la perspectiva de seguridad humana y acceso a la justicia en México: retos en la construcción y consolidación del Programa Especial de Migración 2014-2018

 

Edilma de Jesús-Desidério*

  

El Plan nacional de desarrollo 2013-2018 (en adelante PND) ha incorporado la perspectiva de género como eje de las Estrategias Transversales; en ese sentido, contempla avances en materia de acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación. Derivado de ello, el Estado mexicano estaría comprometido a hacer tangibles los compromisos asumidos con la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), así́ como con lo establecido en los artículos 2, 9 y 14 de la Ley de Planeación referentes a la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional.

En materia migratoria, el apartado sobre este tema indica que la política pública generada por el Estado mexicano debe atender las particularidades del fenómeno migratorio en sus múltiples dimensiones, involucrando aspectos como: la diversificación al interior del flujo, los lugares de origen y destino, los perfiles migratorios, las estrategias de cruce y de internación, la repatriación, la inseguridad y los derechos humanos.

No obstante, sobre el alcance de estas políticas públicas que puedan realmente producir un cambio; uno de los cuestionamientos suscitados es de qué forma se va a garantizar una igualdad de género, que sea distinta para la población femenina migrante, enfatizando el respeto y protección de los derechos humanos y sociales de las migrantes. Éste sería uno de los principales retos para llevar a cabo una política migratoria incluyente e integral.

El Programa Especial de Migración 2014-2018 (en adelante PEM), que se encuentra en proceso de consolidación para posterior publicación, ha sido construido como instrumento estratégico y de vanguardia en la materia, cuyo objetivo principal de sus líneas de acción es generar cambios sistemáticos y eficaces como política migratoria para el país, tomando en cuenta lo que plantea el PND.

El PEM contiene un carácter transversal y multisectorial que articula los distintos programas y acciones de los tres órdenes de gobierno en materia migratoria. En esa perspectiva, el objeto superior es el bienestar del migrante, a través del ejercicio efectivo de su identidad, del disfrute de sus derechos sociales, económicos y culturales que desde luego, representa otro gran reto.

Las acciones dirigidas a la población femenina contempladas en el PEM, además de lo estipulado en el PND y en la Ley de Migración, se derivaron también de los diálogos construidos en los foros nacionales de consulta pública, desde luego con temas muy acotados, donde fueron destacadas puntualmente, entre otras pautas, la necesidad de reconocer las habilidades desarrolladas por las mujeres migrantes que llegan a trabajar en los países de destino migratorio y que es una fuerza laboral especializada, aunque desaprovechada como recurso humano para el desarrollo nacional.

 Fuente: autoría propia, archivo fotográfico de trabajo de campo, Frontera Sur, 2008.

  

En este marco consultivo y de diálogo para la construcción del PEM, la perspectiva de género es recuperada y adicionalmente se establecen criterios diferenciados por grupos; en ese contexto, se requiere de acciones específicamente dirigidas a las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, indígenas, personas con discapacidad, etcétera.

Algunos criterios habrán de ser tratados dentro de temas o estrategias específicas, pero también tocarían transversalmente distintas líneas de acción, como es el caso del tema de la integración social y de los derechos fundamentales de los migrantes, la cuestión del retorno y repatriación de mexicanos y extranjeros, la seguridad de los migrantes y de las personas que asisten a esa población, entre otras.

Respecto a la consideración de estos criterios y lo que resultaría en cambio de las condiciones sociales de la población femenina migrante, podría entenderse como un ejercicio de avance en esta iniciativa política, dado que el hecho de proporcionar acciones dirigidas o centradas en la persona, de acuerdo con la circunstancia que esté involucrada, abre una ventana para traer a la mujer migrante al escenario dejando que sea visibilizada más allá́ del encasillamiento de la vulnerabilidad crónica de sus derechos que sólo entorpece su desarrollo y vuelve invisible su potencialidad.

“¡Sí se han violado nuestros derechos!”. Seguridad humana, acceso a la justicia y el derecho a la migración. Mientras se avanza en el desarrollo de propuestas para establecer mecanismos y protocolos dirigidos a las necesidades de la población migrante, diferenciándolos por grupos de género, edad y origen étnico y que regulen el acceso y goce de una vida digna a toda persona migrante, avanzan en igual movimiento y con mayor velocidad las necesidades de las mujeres que son proveedoras de sus lugares. Hecho reconocido dentro de los colectivos de migrantes en tránsito que buscan apoyarlas solidariamente considerando que estas mujeres tratan de salir de los países por el nivel de pobreza. Estas mujeres encuentran por el camino un sinnúmero de violaciones y delitos, viviendo con estas experiencias en carne propia las limitaciones y barreras en materia de seguridad humana, acceso a la justicia y el derecho a la migración, como es el caso de las mujeres en situación migratoria de tránsito irregular, considerando que para muchas de ellas que son jefas de hogar se trata de una necesidad prioritaria la búsqueda de una vida digna para sus familias. El no tener la oportunidad de inserción laboral, ser objeto de violencia doméstica y estar sujeta a formas de discriminación social, son contenidos que dan suficiencia a la decisión de migrar. Sin embargo, enfrentan por el camino obstáculos legales que generan en las mujeres migrantes la percepción de que a ellas no les garantizan sus derechos humanos, por eso el reclamo en sus declaraciones que dicen: “¡Sí se violan nuestros derechos!”

Fuente: autoría propia, archivo fotográfico de trabajo de campo, Frontera Sur, 2008.

 

Las mujeres tratan de salir de los países también, tal vez, por la pobreza. Hay mujeres que son solas y quieren salir para poder seguir adelante, y con eso sigue adelante también la familia, porque muchas mujeres tienen hijos, son madres solas, no hay trabajo y por eso van en busca de posibilidades para mantener a los hijos y sus estudios. Ahorita muchas mujeres tratan de emigrar, muchas de ellas corren peligros también, pero ¡Dios es grande y ve que todos somos seres humanos! Y más que todo, todo ser humano busca la meta y tiene que hacerlo, sea hombre o sea mujer. (Hombre salvadoreño. Entrevista realizada el 20 de septiembre de 2008, Tapachula, Chiapas).

Como fue expuesto en los diálogos y en las mesas sectoriales en materia migratoria, habría que hacer el esfuerzo por materializar algunas propuestas como:

·      Revisar el marco legislativo para fortalecer las instancias de atención a la mujer a nivel municipal.

·      Diseñar un plan integral de atención a mujeres migrantes a nivel regional y/o estatal.

·      Capacitar, en materia laboral, a esposas, madres, abuelas o compañeras de migrantes para evitar que acepten empleo riesgoso y mal pagado.

·      Facilitar el acceso a recursos públicos para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres en comunidades transnacionales, incluyendo la información y capacitación para el acceso a programas existentes (Programa 3 x 1 para Migrantes, Fondo de Apoyo a Migrante, etcétera). • Armonizar el marco normativo migratorio vigente con los instrumentos internacionales para fortalecer y garantizar el acceso a la justicia y la protección de las trabajadoras migrantes; homologar, a su vez, la política migratoria con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la Ley de Víctimas, y las recomendaciones de los Sistemas de Naciones Unidas y el Interamericano, en materia de migración y protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas; a fin de extender la transversalización a la formulación de programas sectoriales.

Para las mujeres, habría que hacer distinción en las formas de garantizar protección y acceso a la justicia, dado que ellas enfrentan riesgos de manera distinta de los hombres, tales como la discriminación, el acoso, la xenofobia, violaciones durante el abordaje en sus trayectos migratorios y durante la detención, así́ como los peligros más severos como el secuestro, la ejecución, la trata, como hechos que han llamado la atención de las autoridades y la población en general.

Fuente: autoría propia, archivo fotográfico de trabajo de campo, Frontera Sur, 2008.

“No porque salió́ una mujer del grupo le vamos a voltear, ¡no, no!, Porque de ahí́ depende la confianza, es ayudarla de verdad, hacerla sentir que anda en un grupo, que es parte del grupo. Tiene que ser aceptada como una más del grupo, no un objeto del grupo, ¡¿me entiendes?! Es tratar de no hacerles daño a ninguna muchacha porque ellas están agarrando camino por eso me gustaría que fuéramos así́ los ilegales como somos con los hombres que también fuéramos con ellas, para que puedan ellas cumplir con su sueño pues es parte de lo que todos queremos” (Hombre hondureño. Entrevista realizada el 15 de agosto de 2008. Tapachula, Chiapas).

Se necesitaría, en ese sentido y de manera diferenciada, establecer mecanismos de atención especializados para grupos de mujeres, niñas y adolescentes vulnerables.

La cultura de la legalidad, derechos humanos y valoración de la migración con perspectiva de género, implicará:

·      Buscar formas de comunicar y sensibilizar a la sociedad que promuevan el respeto a las personas migrantes a través de una mayor difusión sobre los derechos de las mujeres, de las niñas y adolescentes migrantes; además el esfuerzo debe estar centrado en el desarrollo y difusión de campañas para prevenir la violencia contra mujeres migrantes, sobre todo en los lugares donde hay mayor rechazo a la presencia de estos grupos.

Consolidar una gestión migratoria eficaz, fundamentada en criterios de acceso a la justicia y a la seguridad humana que sea distinta por grupo de género, integración y reintegración para las mujeres migrantes y sus familiares, va implicar:

·      Impulsar acciones afirmativas que garanticen a las mujeres migrantes el acceso a la justicia de manera amplia e independiente de la obligación de estar acompañada con pareja.

·      Posibilitar el acceso a recursos de salud, educación de manera integral, reconociendo la diferenciación para las mujeres migrantes y sus familiares, asegurando la atención médica inmediata para las mujeres víctimas de violencia sexual, migrantes embarazadas que estén en proceso de tránsito independiente de su situación migratoria irregular.

·      Generar oportunidades de acceso a la inserción laboral, reconociendo sus derechos, capacidades y habilidades que posibiliten tener un empleo decente, remunerado dentro de un marco de igualdad y equidad.

Perspectiva de género diferenciada y política migratoria incluyente: mucho por recorrer, mucho por hacer

 

Algunos de los principales retos para alcanzar una política migratoria con diferencia de género, en la que las mujeres migrantes tengan acceso a los recursos y las garantías a la seguridad humana y la justicia social, en México (y en el mundo) estarían en el:

·      Reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud, educación, seguridad social, entre otros, dado que las mujeres ya traen desde sus países de origen un rezago en esta materia.

·      Establecimiento de criterios razonables en la distinción y aceptables ante la sociedad es un punto primordial, dado que la cultura del rechazo y de la negativa afecta (o sesga) otras posibilidades de obtener las garantías a la seguridad humana y el goce de la justicia social.

Fuente: autoría propia, archivo fotográfico de trabajo de campo, Frontera Sur, 2008.

* Subdirectora de Investigación del Centro de Estudios Migratorios, Unidad de Política Migratoria, Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Secretaría de Gobernación, México. / edejesus@segob.gob.mx